El Gobierno de Gustavo Petro contará con un presupuesto nunca antes visto en el país, el texto del Plan Nacional de Desarrollo habla de $1.154 billones para el cuatrienio, para hacer de Colombia la potencia mundial de la vida.
Solo este año el presupuesto general de la Nación, sin incluir otras cuentas, es de $405,6 billones, un 15% más que el de 2022, y será adicionado entre $20 y $40 billones en próximas semanas de cuenta de la reforma tributaria, de los mayores dividendos de Ecopetrol, de las utilidades del Banco de la República, y del alto recaudo de la Dian el año pasado, que superó la expectativas.
Así que justo en un año electoral, en el que están en juego alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas, es decir, el poder local y regional, el Gobierno Nacional contará con grandes recursos que podrían, de algún modo, mover la aguja de las elecciones a punta de gasto social.
EL COLOMBIANO recopiló anuncios que el mandatario y las entidades han hecho en los últimos meses, que según la oposición sirven para aceitar maquinarias y dar una mejor imagen ante el electorado.
Se trata de recursos que están llegando directamente a los bolsillos de los ciudadanos, como el aguinaldo de $500.000 para las familias vulnerables vinculadas a los programas sociales (Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor); el subsidio de $1.000.000 que llegará mensualmente a 100.000 jóvenes gestores de paz; o el subsidio de $500.000 a los jefes de hogares damnificados.
Pero también llega plata a otros sectores: las Juntas de Acción Comunal, que son grandes movilizadores sociales y electorales, manejarán una chequera de al menos $2 billones para los mantenimientos de las vías terciarias.
Otros programas benefician a conductores, motociclistas, campesinos, damnificados por el invierno, y otros sectores que van a sentir mucho más directamente los beneficios del Estado.
Cuando se les consulta a los funcionarios del Ejecutivo acerca de los millonarios recursos que se van a diseminar por las comunidades en pleno año electoral, aseguran, como lo hizo el ministro de Transporte Guillermo Reyes, que se trata de inversiones que no dan espera y de necesidades apremiantes que se tienen que atender cuanto antes.
Y aunque dicho planteamiento puede ser cierto, porque se hace difícil controvertir la necesidad de dar alimentos a los damnificados, o comprar las cosechas de los campesinos más afectados por el invierno, queda un tufillo de duda cuando se piensa en la magnitud de los recursos que se repartirán cuando lleguen los candidatos a los territorios buscando votos.
De momento, las agencias calificadoras de riesgo tienen la lupa puesta en que el aumento del gasto no perjudique las finanzas públicas, que este sea eficiente sin que se comprometan los recursos de servicio a la deuda ni aumente el déficit fiscal, un asunto en el que el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo ha sido tajante: “No se hará nada ni se cumplirán promesas que no sean fiscalmente responsables”.
Un asunto que tranquiliza es que todos los proyectos que fueron incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo dicen enfáticamente que estarán sujetos a “las disponibilidades presupuestales de cada vigencia fiscal, al Marco Fiscal de Mediano Plazo y al Marco de Gasto de Mediano Plazo”, que ya son alguna garantía.
Si quiere más información:
Soy periodista egresada de la Universidad de Antioquia. Mi primera entrevista se la hice a mi padre y, desde entonces, no he parado de preguntar.